El Gobierno Santos ha presentado un proyecto de reforma a la ley 30 que genera expectativas y preocupaciones. Estos son los aspectos que a nuestro juicio afectarían de manera negativa el servicio público de educación superior: La asignación de competencia al Gobernador para presidir el Consejo Superior aunque la entidad sea del orden nacional, la creación de una nueva categoría de institución de educación superior mixta, por el origen de sus recursos y la aplicación a esta de normas de derecho privado, la precariedad del status de los profesores ocasionales con desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha equipadado sus derechos a los de los profesores de planta en aplicación del principio de igualdad, la aplicación del derecho privado a los contratos que celebren las instituciones de educación superior públicas, la autorización para incrementar los valores de matrícula por encima del IPC, la financiación de la educación por la demanda.