El Gobierno Santos ha presentado un proyecto de reforma a la ley 30 que genera expectativas y preocupaciones. Estos son los aspectos que a nuestro juicio afectarían de manera negativa el servicio público de educación superior: La asignación de competencia al Gobernador para presidir el Consejo Superior aunque la entidad sea del orden nacional, la creación de una nueva categoría de institución de educación superior mixta, por el origen de sus recursos y la aplicación a esta de normas de derecho privado, la precariedad del status de los profesores ocasionales con desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha equipadado sus derechos a los de los profesores de planta en aplicación del principio de igualdad, la aplicación del derecho privado a los contratos que celebren las instituciones de educación superior públicas, la autorización para incrementar los valores de matrícula por encima del IPC, la financiación de la educación por la demanda.

El relevo generacional puede ser una buena razón para prescindir de los profesores jubilados, pero no puede ser una razón de aplicación automática. El conocimiento, la experiencia y el sentido de pertenencia de quienes han hecho de la Universidad su proyecto de vida, son valores que no pueden ser desdeñados con criterio económico.

Admitiendo, en gracia de discusión, que la política es defensable, reprochamos la forma, repentina y descomedida de ejecutarla. No es coherente la proclama de la formación humana integral con el trato desconsiderado de que han sido objeto los profesores desvinculados, a quienes ya se había informado, con el tantas veces invocado criterio de la planeación, sobre su labor académica para el primer periodo académico de 2011.

En particular un saludo de gratitud y aprecio a nuestros profesores y colegas Hilda María Zúñiga, Eduardo Roa, Campo León Rivera.

Una treintena de reformas a la constitución 20 años después de su expedición muestran la precariedad del acuerdo condensado por los constituyentes en la carta de 1991. El fenómeno acepta muy diversas interpretaciones. Que importantes  sectores de la clase política y de los poderes económicos nunca participaron del compromiso  con el modelo de estado adoptado en la carta es una de ellas. La ausencia de condiciones básicas para la paz duradera, la coexistencia de prácticas y culturas de tipo feudal con aquellas propias del capitalismo salvaje y una insuficiente cultura política democrática  podría ser otra. Pese al giro del discurso y al cambio del tono del presidente Santos, el daño inflingido es de gran magnitud y la reconfiguración de las piezas para la construcción de un estado constitucional va a tener que lidiar con la resistencia de todos aquellos que quisieron destruirlo.